Por: José Pimentel Castillo
El anuncio de la presentación de una nueva ley de hidrocarburos nos obliga a reflexionar sobre el tema y prever el rumbo de la nueva norma.
El petróleo -como sujeto de la conciencia nacional- surgió a partir de la hecatombe de la guerra del Chaco. Esa generación sacrificada en la defensa del territorio nacional, con 50.000 muertos, reivindicó el derecho de usufructuar el bien que habían defendido con sus vidas: nacionalización del petróleo; paralelamente se creaba Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Sin embargo, la tarea no fue fácil, ya que la empresa no tenía capital ni capacidad técnica. Recién con la nacionalización de las minas se pudo invertir capital, $us 150 millones, para extender los oleoductos desde los campos petroleros hasta el occidente. A muchos no les pareció suficiente este esfuerzo y se buscó atraer capital extranjero; así se promulgó el Código Davenport-Siles que permitió la presencia del capital extranjero, que, en su afán de lucro, se dedicó a la exportación del petróleo. Rápidamente se construyó el oleoducto Sicasica-Arica, pero a costa de postergar las necesidades nacionales, el desarrollo de la petroquímica; la regalía del 11% para los departamentos productores nos condenó al silencio.
El 1969 se reavivó el sentimiento nacionalista con la segunda nacionalización, inspirada por el Gral. Ovando y Marcelo Quiroga Santa Cruz. En ese período YPFB pudo desplegar sus capacidades, ampliando y diversificando su producción. Sin embargo, el cambio de paradigma en 1985, donde se decía que el Estado es un mal administrador, obligó a su liquidación: no se dio ningún argumento para su descuartizamiento e imposición de alianzas leoninas; sólo se habló de la obligación de cumplir compromisos internacionales, exportar gas a Brasil y Argentina, propuestas realizadas a partir de la cuantificación de los reservorios identificados por la empresa estatal. Así se iniciaba el proceso de la capitalización donde había un inversor y el dueño de los campos petroleros (el país), su asociación movería un capital dormido, el beneficio (participación) para el Estado era del 32%.
El 2003, la reacción popular sobre la anunciada exportación de gas a Estados Unidos, vía Chile, enervó los ánimos y se modificó la participación a un 50%; en el gobierno de Evo Morales se la elevó a 82%. Las empresas transnacionales en su mayoría no se opusieron a la disposición. La participación fue lo único que se modificó, quedando latentes las obligaciones de inversión en los más de 40 contratos existentes, las que se paralizaron, agotándose poco a poco las reservas declaradas. Se siguieron firmando contratos sin su efectivización real.
El gobierno quiso entender la situación “crítica” de las empresas transnacionales: la política de inclusión apuntaba a satisfacer las necesidades internas: conversión de autos de gasolina a gas, gas domiciliario, ampliación de las termoeléctricas y congelamiento de los precios de los hidrocarburos en moneda nacional. Desde luego, las políticas de justicia social no eran de la incumbencia de las empresas, por lo cual se planteó pagar los gastos de inversión, con resultados adversos: cobraron, pero no invirtieron.
Respetando los contratos y las áreas comprometidas, YPFB se dio a la tarea de exploración y producción en áreas no tradicionales, una labor riesgosa, costosa y con limitados medios técnicos; naturalmente no dieron los resultados esperados y de pronto nos quedamos sin gas ni petróleo. Otra labor que se le asignó fue supervisar los contratos, labor para la cual no estaba capacitada y ante todo no tenía el peso político para imponer razones empresariales ante los juegos políticos.
Al plantearse una nueva ley, ¿qué se busca? La respuesta trillada es mayor inversión, con ventajas en comparación a las del pasado. ¿Esto significaría volver al 50-50? o ¿se pondrá en cuestionamiento la propiedad del Estado de este recurso natural fuera de boca de pozo? ¿Los actuales contratos seguirán vigentes, o cuáles son los alcances de su adecuación? ¿En qué quedan las obligaciones no cumplidas, como la falta de inversión en todo este período?
La urgencia de solucionar la crisis de carencia de hidrocarburos obliga a disponer de lo que se tiene; en ese sentido ¿cuánta información reservada tienen las empresas con contratos?, ¿la guardaron para cuando se cambien las reglas del juego? Ahora, cuando se abre la posibilidad de cambios en las reglas ¿cuáles son sus pretensiones?, ¿coinciden con los intereses planteados en la Constitución del Estado Plurinacional?, o ¿su expectativa va más allá de la coparticipación, para buscar un cambio político total? La política expresa los intereses de grupos de poder: ¿hay la suficiente fuerza para batir el péndulo de nacionalización-privatización?
José Pimentel Castillo
José Antonio Pimentel Castillo, ex dirigente sindical, ex diputado, docente universitario y político boliviano. Fue también el ministro de Minería y Metalurgia de Bolivia desde el 28 de enero de 2010 hasta el 23 de enero de 2012.
