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Lara convoca a sesión para este sábado pese a clausura de legislatura

El vicepresidente Edmand Lara convocó a sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional para este sábado 7 de noviembre a las 14:00, como una “reprogramación” de la sesión del viernes, pese a que los legisladores clausuraron el periodo legislativo 2025-2026 el viernes 6 de noviembre.

El viernes, en la sesión programada para las 10:00, Lara salió del hemiciclo señalando que no existía quórum y publicó un video en la cuenta de Facebook de la Vicepresidencia mostrando el hemiciclo con pocos legisladores. Una hora después, Diego Ávila, presidente del Senado, asumió la conducción de la sesión tras constatar el quórum reglamentario y activó el mecanismo de suplencia. El pleno aprobó dos resoluciones: la primera estableció que Lara se retiró sin efectuar la verificación reglamentaria del quórum ni proceder a la instalación formal, y reconoció a Ávila como suplente legal; la segunda declaró clausurado el periodo legislativo 2025-2026 a partir del 6 de noviembre, con más de dos tercios de respaldo.

Durante la sesión, aproximadamente a las 11:30, se recibió una comunicación del presidente nato para reprogramar la sesión de clausura para el sábado 7 de noviembre a las 10:30, propuesta que fue rechazada por más de dos tercios de los votos. La resolución invocó el artículo 161, numeral 1, de la Constitución Política del Estado, que establece entre las atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional inaugurar y clausurar sus sesiones.

En respuesta, Lara presentó un Recurso Directo de Nulidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y difundió un comunicado en el que afirma: “cualquier actuación del presidente del Senado que pretenda asumir la Presidencia de la Asamblea estando presente el Presidente nato de la Asamblea constituye un desconocimiento del orden constitucional”. El texto añade que “la convocatoria para mañana a horas 14:00 está plenamente vigente y la sesión se llevará adelante”.

El pronunciamiento de Lara también sostiene: “Una mayoría de dos tercios no puede, por sí sola, quitar, sustituir ni anular una atribución que la Constitución Política del Estado le otorga al vicepresidente por mandato popular”.

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