Fiscalía destituye a la fiscal Delmy Guzmán por el caso Maletas en Santa Cruz
La fiscal Delmy Guzmán fue destituida de sus funciones en el Ministerio Público este viernes, según confirmó a EL DEBER el fiscal departamental de Santa Cruz, Jimmy López. Guzmán ejercía como fiscal de materia en el municipio de Cotoca y había sido señalada por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, de presuntamente obstaculizar las investigaciones sobre el ingreso de 32 maletas a Bolivia en noviembre de 2025 y de mantener cercanía con el entorno del ex fiscal general del Estado Róger Mariaca.
Guzmán estuvo vinculada a las actuaciones iniciales del caso Maletas, antes de que el proceso fuera derivado a la Fiscalía Especializada en Sustancias Controladas. Su participación en esa primera etapa fue cuestionada por Oviedo, quien la identificó como una persona de confianza de Mariaca y la acusó de haber frenado diligencias que, según el Gobierno, eran importantes para esclarecer el traslado de los equipajes.
La destitución se conoce en una jornada marcada por operativos de la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) en inmuebles vinculados a Guzmán. Uno de los allanamientos se ejecutó en su domicilio, ubicado en la zona sur de Santa Cruz de la Sierra, sobre la avenida Santos Dumont, entre el quinto y sexto anillo; la fiscal no se encontraba en el lugar porque cumplía funciones en Cotoca. También se intervino una oficina de un edificio en inmediaciones del segundo anillo y avenida Beni, utilizada por Diego R., hermano fallecido de la fiscal, y los investigadores secuestraron documentación relacionada con las pesquisas.
Matilde R., madre de la fiscal y del abogado fallecido, cuestionó el procedimiento y aseguró que las oficinas pertenecían a su hijo, quien murió hace aproximadamente seis meses, y afirmó que su hija no tenía oficina ni desarrollaba actividades en esos ambientes.
Antes de su destitución, Guzmán rechazó públicamente las acusaciones de Oviedo y sostuvo que las solicitudes de allanamiento que estuvieron bajo su responsabilidad fueron ejecutadas con autorización judicial. “Todos los allanamientos o las solicitudes que se hicieron se realizaron”, afirmó, y explicó que las diligencias se ejecutaron en enero de 2026 tras un informe de inteligencia sobre la presunta llegada de armas de fuego en las maletas. Asimismo, declaró: “Yo no doy las órdenes. Se solicita a la autoridad jurisdiccional y es la autoridad jurisdiccional la que nos da la orden y la resolución para poder ingresar a un domicilio”.
