Goitia denuncia «profunda crisis» en el TSE y Ávila lo rechaza
El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Carlos Alberto Goitia afirmó que el organismo atraviesa una «profunda crisis», mientras que el presidente del TSE, Gustavo Ávila, rechazó esa valoración y negó las acusaciones en su contra. La controversia surgió tras las declaraciones ante la Fiscalía del expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, Aldo Quezada, quien mencionó una supuesta coordinación entre Saucedo y Ávila para favorecer la elección de un familiar del primero como alcalde de San Ignacio de Velasco.
Las revelaciones se producen en el contexto de las investigaciones por presuntos vínculos con el narcotráfico que involucran a Mariaca y Saucedo. Goitia consideró que deben ser investigadas las declaraciones de Quezada y las afirmaciones públicas del gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, quien denunció presiones políticas y judiciales por haber presentado candidato a alcalde en San Ignacio.
El vocal también cuestionó el reconocimiento que Ávila entregó este año al exfiscal general Roger Mariaca. «Nunca hubo autorización, visto bueno o aprobación de Sala Plena para entregarle un reconocimiento al señor Mariaca», afirmó Goitia en La Tarde en Directo de ERBOL, y añadió que presentó una carta el 3 de noviembre para pedir una aclaración. Ávila defendió que la distinción fue otorgada a la Fiscalía General del Estado como institución y no a la persona.
Respecto al caso Saucedo, Ávila rechazó las afirmaciones de Quezada sobre una supuesta coordinación y aseguró que el TSE actuó en cumplimiento de una sentencia constitucional que dispuso la inhabilitación de dos organizaciones políticas en San Ignacio de Velasco. «De ahí a tratar de generar una coordinación es absolutamente falso», manifestó. Goitia, por su parte, afirmó que operaron «sicarios políticos» mediante acciones de amparo constitucional para inhabilitar candidaturas y partidos, y mencionó la suspensión de la vocal Celedonia Cruz, acusada de supuestas faltas injustificadas.
Ávila sostuvo que las denuncias contra autoridades electorales se encuentran en fase de investigación, sin que se hayan aplicado sanciones, y recordó que sus autoridades tuvieron que responder a más de 90 acciones de amparo constitucional durante los procesos electorales.
