El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, denunció la existencia de «mafias» integradas por funcionarios de YPFB y la ANH, cisterneros y dueños de estaciones de servicio que desvían combustibles destinados al pueblo boliviano. Durante un informe sobre la intervención de YPFB, Zamora aseguró que estas redes serán puestas ante la ley y que la intervención tiene tres tareas: garantizar el suministro, eliminar las mafias y generar soluciones estructurales.
Por su parte, el viceministro de Transparencia, Yamil García, reveló irregularidades como venta anticipada y facturación de combustible sin que este haya llegado al territorio nacional, además de asignaciones sin parámetros objetivos y modificaciones en tablas de control. Las autoridades advirtieron que la subvención a los combustibles debe discutirse con el pueblo y que el país no puede depender permanentemente de importaciones.