Senado chileno rechaza acusación constitucional que buscaba destituir a Sebastián Piñera
El Senado de Chile ha rechazado este martes la acusación constitucional que pretendía destituir al presidente de Chile, Sebastián Piñera, por la venta de Minera Dominga, una transacción incluida en los Papeles de Pandora y que ha motivado a la Fiscalía chilena a abrir una investigación por posibles delitos de cohecho, entre otros.
Los senadores opositores no han logrado reunir el cuórum necesario de dos tercios (29 votos del total de 43 escaños) para aprobar la acusación contra el mandatario, aprobada la semana pasada por la Cámara de Diputados para iniciar el proceso, y que en la práctica es un juicio político en el que la Cámara alta actúa como jurado.
La acusación constitucional se presentó apenas cinco días antes de que el próximo 21 de noviembre Chile celebre elecciones presidenciales para buscar al sucesor de Piñera, que acabará su mandato en marzo de 2022 y que tras el resultado de este juicio de momento podrá seguir en el cargo los meses que le quedan.
Le acusan de «comprometer gravemente el honor de la Nación»
La sesión comenzó con la exposición de tres diputados opositores, que dieron a conocer a los senadores la acusación impulsada por la Cámara baja, que culpaba al gobernante de haber faltado al principio de «probidad» y de «comprometer gravemente el honor de la Nación», a partir de lo desvelado por los Papeles de Pandora.
Esta investigación periodística divulgó el pasado mes de octubre que el presidente chileno vendió sus acciones del megaproyecto minero Mina Dominga en un paraíso fiscal en 2010, poco después de iniciar su primer mandato, y mediante un contrato de venta en el que existía un condicionante de política ambiental.
Los diputados encargados de exponer la acusación al Senado argumentaron que existió «conflicto de intereses» y una actuación «sin ética» que daña la imagen del país, la democracia y su institucionalidad.
La defensa, que estuvo a cargo del abogado de Piñera, Jorge Gálvez, ha expuesto que en el proyecto Dominga había varios «inversionistas pasivos», entre los que se encontraba la familia del mandatario, y que «ellos no eran los dueños» y «no vendieron nada».
