Seis alertas internacionales sobre corrupción, interferencia política e infiltración criminal en la Justicia boliviana precedieron a la ofensiva de Estados Unidos, según un recuento de EL DEBER basado en informes oficiales. Desde 2022, la ONU y observatorios especializados documentaron dependencia política, retardación y abuso de la detención preventiva. Washington ya identificó a 16 jueces y fiscales entre las 62 personas con restricciones migratorias anunciadas entre septiembre y octubre.
Las advertencias incluyen el informe de Diego García-Sayán (2022), el de la Comisión Internacional de Juristas (2024), el Índice Global de Crimen Organizado (2025), la visita de Margaret Satterthwaite (2026), la alerta de la Unodc sobre mafias extranjeras y el Índice de Estado de Derecho 2026, que ubicó a Bolivia en el puesto 130 de 143. Las restricciones reactivaron propuestas de reforma judicial, desde cambios constitucionales hasta digitalización con asistencia del PNUD y el BID.