Bolivia cumplió este domingo 8 de noviembre de 2026 el primer año de gobierno de Rodrigo Paz, quien asumió el 8 de noviembre de 2025 entre escasez de divisas, desabastecimiento y déficit fiscal. Doce meses después, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la emisión de bonos soberanos y el retiro parcial de la subvención a los combustibles muestran un cambio de dirección económica, aunque la producción y el empleo aún no despegan.
El programa con el FMI prevé unos 1.900 millones de dólares en 36 meses, con desembolsos sujetos a metas y revisiones, a lo que se suma la colocación de 1.000 millones de dólares en bonos soberanos. El economista de Populi Carlos Augusto Aranda Herrera afirma que «lo bueno es el cambio de orientación de la política económica e internacional», pero señala «una gestión deficiente y problemas de planificación».
Según los datos citados por Aranda, el PIB cayó 3,27% en el primer semestre de 2026; la construcción se contrajo 27%, el transporte 12,7% y el comercio 8,4%. Los bloqueos impulsados por Evo Morales agravaron la caída. Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), reconoce «decisiones valientes» en la flexibilización cambiaria, pero advierte que «el nuevo ciclo político no se ha traducido en un nuevo ciclo económico con más inversión y producción».
A las dificultades económicas se sumó la crisis de la gasolina de mala calidad, con denuncias de daños en vehículos y gastos de reparación. Rodríguez la coloca entre «lo feo» de la gestión y menciona cuestionamientos a YPFB y la ANH, junto con denuncias de corrupción que deben investigarse.
El exministro de Economía Ramiro Cavero critica el gradualismo del Gobierno y proyecta que Bolivia recién recuperaría en 2031 el tamaño de su economía de 2023. El proyecto de Presupuesto 2027 plantea un déficit del 6,7% del PIB, una reducción que Cavero considera insuficiente, y critica además la propuesta de transferir apenas el 1% de coparticipación a las gobernaciones. La nueva Ley de Hidrocarburos, las reglas para atraer capital y la revisión del aparato estatal siguen pendientes.