Pronunciamiento contra la violencia estatal hacia los movimientos sociales e indígenas
Las mujeres del campo nacional y popular, colectivas feministas, defensoras de derechos humanos y prensa alternativa del Estado Plurinacional de Bolivia, denunciamos a la opinión pública y a la comunidad internacional, la escalada de violencia generada por parte del Gobierno contra los movimientos sociales, indígenas y originarios del país, que protagonizaron la denominada “Marcha para Salvar la Patria”.
La Marcha partió de Caracollo, Oruro, el pasado 17 de septiembre y se desarrolló de manera pacífica, sin impedir la transitabilidad en la carretera. Sin embargo, fue víctima de un atentado en Vila Vila y un intento de emboscada en Ventilla – El Alto, a donde se desplazaron funcionarios públicos y personas contratadas con armamento como dinamitas, cascos, escudos y bates. Hecho ilegal que fue comprobado por la Defensoría del Pueblo, institución que solicitó al Gobierno desmovilizar a los grupos irregulares.
Tras siete días, el pasado lunes 23 de septiembre, la Marcha llegó a la sede de gobierno, donde se llevó a cabo un Cabildo para tomar determinaciones respecto a las demandas de solución a la múltiple crisis que atraviesa el pueblo boliviano.
Pasado el Cabildo, cuando se retiraban a sus regiones de origen, las y los marchistas fueron emboscados por estos grupos irregulares, que lanzaron dinamitas, gases lacrimógenos y azotaron a varios campesinos, en las cercanías de la terminal de buses de La Paz y El Alto, lo que dejó una cantidad desconocida de heridas y heridos.
Además, voceros de gobierno, iniciaron la persecución digital y amenazan con procesos judiciales a quienes no compartan sus procedimientos y acciones violentas.
Por todo ello, repudiamos la violación sistemática de los derechos humanos, perpetrada por el Gobierno de Luis Arce, que asume medidas racistas y discriminatorias, propias del fascismo colonial y patriarcal, poniendo en riesgo las libertades democráticas que deben regir en un Estado de Derecho.
Convocamos a los diferentes organismos nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos a investigar los hechos y a buscar justicia para las víctimas del Estado boliviano, que debe garantizar los derechos y no violarlos.
Firman:
Andrea Morales – Matecito de coca
Estrella Rivero – Siglo XXI Repensando Bolivia.
