La Cancillería de Perú emitió un comunicado público en el que aclara que la presencia de un diplomático peruano en la sesión de la Asamblea Legislativa boliviana, donde se suspendió a Róger Mariaca como fiscal general y se designó a José Armando Urioste, fue en calidad de oyente en una audiencia pública. El gobierno de Keiko Fujimori subrayó que Perú respeta la soberanía, independencia e integridad de todos los estados y no se involucra en asuntos externos. La Cancillería boliviana, por su parte, rechazó las acusaciones de legisladores laristas que señalaban injerencia extranjera y sostuvo que cualquier denuncia de interferencia debe sustentarse en hechos verificables.
La sesión maratónica del viernes y sábado tuvo incidentes, como el protagonizado por la senadora Ana María Crispín, quien abordó a un grupo de personas en los balcones y aseguró que estaban pagando mediante QR a legisladores para apoyar la suspensión de Mariaca. La legisladora no presentó pruebas de su denuncia. La Cancillería boliviana afirmó que la sola presencia de representantes diplomáticos en espacios institucionales y actividades públicas no constituye un acto de injerencia, y consideró que no corresponde cuestionar su actuación a partir de interpretaciones o presunciones.