Organizaciones sociales de Perú acuerdan retomar protestas
Organizaciones sociales de Perú acordaron retomar las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, para ello convocaron a la tercera Gran Toma de Lima a desarrollarse el próximo 19 de julio.
Regiones como Puno, Apurímac, Cusco y Ayacucho confirmaron su presencia en las manifestaciones. El pasado 6 de mayo, en la ciudad de Yunguyo, se realizó una reunión entre dirigentes izquierdistas de dichos territorios para organizar esfuerzos y coordinaciones.
Uno de sus primeros movimientos será este 30 de mayo, cuando iniciarán un paro regional, asimismo, decidieron no participar en las actividades por el Día de la Bandera.
Por otro lado, Josué Guzmán, presidente regional de las Rondas Campesinas, indicó que el 26 y 27 de mayo llevarán a cabo un encuentro de las Rondas en la provincia de Moho, donde la decisión de movilizarse hacia Lima será ratificada.
“Van a estar las 12 provincias, todas las rondas campesinas, bases comunales, distritales y provinciales. Estaremos llegando a los tres mil o cuatro mil ronderos. En este evento se verán temas de derecho, contaminación y algunos acuerdos respecto a la tercera Gran toma de Lima que esta vez va a ser más estratégica y más nutrida”, enfatizó.
En tanto, José Ñaupa, dirigente de la zona Lago de Llave, aseguró: “lo que habrá será una expresión masiva de rechazo a Dina Boluarte; decirle que Puno no se ha rendido. Puno tiene dignidad y no vamos a retroceder. No le vamos a perdonar al Gobierno que haya matado tantos puneños”, afirmó en referencia a las 60 vidas perdidas durante los enfrentamientos entre manifestantes y miembros de las Policía Nacional y las Fuerzas Armadas del Perú.
Por su parte, Rubén Apaza, representante del consejo de autoridades originarias, aseguró que estarán presentes en las manifestaciones porque, “tras el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y después de 21 muertos en Puno, no habrá forma de que la población se mantenga al margen de esta nueva convocatoria”.
El inicio de la tercera Gran Toma de Lima se desarrollará en medio de un marco legal que los manifestantes califican de adverso, dado por el estado de emergencia que limita derechos fundamentales y una sentencia de la Corte Suprema de ese país que califica la protesta pacífica como delito.
