ONU considera ‘tortura’ someter a una niña a un embarazo forzado
El Sistema de Naciones Unidas en Bolivia dijo ayer que someter a una niña a un embarazo forzado “está calificado como tortura” haciendo referencia al caso de la menor, de 11 años, embarazada tras ser víctima de violaciones por parte de su abuelastro (padre de su padrastro) en Yapacaní, Santa Cruz.
La niña que lleva 21 semanas de gestación recibió el martes su alta médica del hospital Percy Boland de Santa Cruz y un delegado Episcopal de la Pastoral de la Salud se la llevó indicando que estará en un hogar, sin la asistencia de un familiar, pero en compañía de personal de apoyo (psicológico y médico) y de otras menores internadas.
El viernes, la menor de edad estaba decidida a interrumpir su embarazo y por ello le suministraron un dilatante para el legrado, pero recibió la visita de la Iglesia y cambió su decisión. Según el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de Santa Cruz, José María Velasco, ese grupo hizo que cambie de parecer con promesas cuando debía cumplirse la Sentencia Constitucional 206/2014 que establece el acceso a un aborto legal y seguro en caso de que el embarazo sea producto de violación, incesto, estupro y cuando su vida o salud esté en riesgo.
Sobre el caso, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, condenó que algunas instituciones pretendan impedir la interrupción del embarazo de la niña y que pretendan obligarla a ser madre. Ante esta situación, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, anunció tres acciones legales nacionales e internacionales que asumirá por el caso de la niña embarazada que vivió una serie de abusos sexuales. Antes, su padre biológico la agredió sexualmente, al igual que a sus hermanas que hoy tienen 14 y 15 años.
Cruz acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y presentará una demanda penal que podría derivar en la privación de libertad de entre 15 a 20 años de personal médico de la maternidad Percy Boland, miembros de la iglesia, ONG, personal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Yapacaní y Santa Cruz, y contra la madre de la niña por cinco delitos, entre ellos incumplimiento de deberes y trata y tráfico, según la publicación de Urgente.bo.
Finalmente, Naciones Unidas hizo un llamado urgente para la protección de los derechos de las niñas víctimas de violencia sexual y de embarazos forzados. Dijo que el embarazo de una menor no solo pone en riesgo su vida, su salud y su proyecto de vida, sino que atenta contra su salud mental y emocional y su autonomía corporal. Exige que el Estado active los mecanismos de protección integral de manera oportuna, incluidos los servicios de salud para garantizar el cumplimiento de las normas internacionales y nacionales vigentes para el ejercicio de los derechos de las niñas.
