La relatora especial de la ONU sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Gina Romero, expresó su profunda preocupación tras su visita a Bolivia, señalando que el país enfrenta una crisis en materia de derechos civiles. Entre sus principales observaciones, destacó la presentación de proyectos de ley antibloqueo, que cuentan con respaldo político y empresarial, y que buscan endurecer las sanciones contra los cortes de rutas, una medida que, según Romero, podría afectar gravemente el derecho a la protesta.
Asimismo, la funcionaria de la ONU denunció el hostigamiento y la estigmatización contra activistas, periodistas y grupos de la sociedad civil, así como la reestructuración institucional impulsada por el gobierno y el decreto supremo 5673, que regula el registro de oenegés. Romero subrayó que estas acciones debilitan el derecho de asociación y limitan el espacio cívico, y lamentó que el gobierno no haya aceptado un diálogo directo, aunque se mostró dispuesta a ofrecer apoyo técnico en el futuro.