La Cámara Automotor Boliviana (CAB) rechazó categóricamente la propuesta de nacionalizar vehículos indocumentados, conocidos como «autos chutos», al considerar que legalizaría actividades ilícitas como el contrabando y el narcotráfico. Su presidente, Jhonny Salvatierra, advirtió que esta medida enviaría una señal negativa a inversionistas y castigaría al sector formal, que paga cerca del 50% de su valor en impuestos y aporta 500 millones de dólares anuales al Estado para servicios públicos.
Salvatierra subrayó que la diferencia de costos hace imposible competir: mientras un vehículo legal cuesta 40.000 dólares, uno ilegal ingresa por 5.000 y se vende a 8.000. Además, alertó que una nueva amnistía consolidaría la expectativa de futuras regularizaciones, incentivando más ingresos ilegales. «Es imposible competir contra lo ilegal y lo robado», sentenció.