El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Torres y la Directora General Ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras, Ana María Morales, suscribieron hoy un acuerdo de entendimiento que tiene el fin de coordinar acciones de trabajo en torno a delitos relacionados con la Legitimación de Ganancias Ilícitas en el país, acto que se desarrolló en la ciudad de Cochabamba.
“El acuerdo suscrito refleja el resultado de esta jornada, hemos tenido la oportunidad de escuchar un razonamiento profundo sobre la autonomía del delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas, sobre los alcances de la doctrina y razonamientos jurídicos, fundamentalmente, tenemos tareas que cumplir en las que nos comprometemos a ponerle el hombro al país”, dijo Lanchipa.
Señaló, que, después de la firma del acuerdo, no solamente se debe trabajar de manera coordinada para ser sujetos a evaluaciones internacionales, sino para llevar adelante tareas conjuntas en favor de la sociedad, esto en referencia a que Bolivia es parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica – GAFILAT y se encuentra a poco tiempo de participar en la Ronda de Evaluación Mutua.
“El trabajo coordinado va a tener estos buenos resultados, juntos podemos hacer mucho y llegar lejos. La reunión de hoy fue muy fructífera, el compromiso nos trae tareas que debemos honrar y cumplir de manera responsable para tener mayores certezas y generar seguridad jurídica y cumplir la Constitución y leyes a las que nos debemos”, afirmó la Máxima Autoridad del Ministerio Público.
A su turno, el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Torres, expresó su satisfacción por la firma del acuerdo que permitirá un trabajo conjunto entre las instituciones en contra del delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas.
Por su parte, la Directora General de la UIF, Ana María Morales, indicó que el acuerdo contempla la aplicación de acciones, en el que se establece que el Tribunal Supremo de Justicia analice la posibilidad de emitir algún instrumento jurídico, en el marco de sus competencias, que establezca lineamientos de orden legal y doctrinal en materia de legitimación de ganancias ilícitas que incluya la autonomía del delito, el uso de la prueba indiciaria, entre otros.