El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia revisa actualmente los contratos de explotación de litio firmados entre Yacimientos de Litio Boliviano (YLB), el consorcio chino CBC y la empresa rusa Uranium One Group. La revisión se da tras una acción popular presentada por 53 comunidades indígenas del Sudoeste potosino, que alegan vulneración de sus derechos.
En este contexto, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentó un amicus curiae ante el TCP, señalando que el Estado boliviano incumplió estándares internacionales de derechos humanos, especialmente en lo relativo a la consulta previa, libre e informada. La organización destaca que los contratos, que incluyen cláusulas de confidencialidad, afectan derechos fundamentales como el agua, la alimentación y un medio ambiente sano, y exige transparencia y participación de las comunidades indígenas en las decisiones que impactan sus territorios.