La futura Ley de Inversiones en Bolivia, presentada como el eje de un paquete de reformas estructurales, enfrenta un desafío mayor que la simple atracción de capital: construir confianza. Según los analistas Antonio Saravia, Ernesto Rossell y Johnny Nogales, el éxito de la norma dependerá menos de los incentivos estatales y más de garantizar reglas estables, seguridad jurídica e instituciones confiables. Saravia subraya la necesidad de arbitraje internacional y menores impuestos, mientras Rossell enfatiza la coordinación interinstitucional y Nogales aboga por un Estado facilitador.
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, confirmó que la ley será el “paraguas” normativo para reformas en hidrocarburos, minería y energías, pero los expertos advierten que, sin reformas complementarias como independencia judicial y estabilidad macroeconómica, el impacto será limitado. La inversión, concluyen, es consecuencia de un entorno de estabilidad institucional, no un objetivo aislado.