Legislativo compromete celeridad en el tratamiento del anteproyecto de ley para prevenir y luchar contra la corrupción
La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) dará celeridad al tratamiento del Anteproyecto de Ley de Creación del Sistema de Gestión de Riesgos para la Prevención y Lucha contra la Corrupción, derivado el lunes por el presidente Luis Arce.
“El legislativo tratará el anteproyecto de ley por tiempo y materia para agilizar su aprobación. Las comisiones respectivas tendrían que llamar a sesiones a la brevedad, por principio de celeridad, para remitir la norma al pleno camaral”, dijo la senadora del MAS, Virginia Velasco.
De acuerdo con la Senadora, la norma establece ciertos mecanismos en los cuales se debe trabajar para encaminar esa política de “cero tolerancia” a la corrupción “caiga quien caiga”.
“Desde el legislativo se dará prioridad a la norma. No tendría que haber oposición por la importancia que tiene la ley y se tendría que aprobar por unanimidad, tanto en la Cámara Alta como en Cámara Baja”, sostuvo.
El jefe de Bancada del Movimiento Al Socialismo en la Cámara de Diputados, Andrés Flores, también afirmó que se dará celeridad al tratamiento de la norma para que se dé su “inmediata” aplicabilidad.
“Queremos fortalecer la investigación en los hechos de corrupción, que prácticamente daña a nuestro Gobierno y eso jamás vamos a tolerar. Este proyecto de ley una vez que llegue, nosotros inmediatamente vamos a tratar para que se dé su aplicabilidad”, anticipó
El presidente Luis Arce envió el lunes a la Asamblea Legislativa Plurinacional el Anteproyecto de Ley de Creación del Sistema de Gestión de Riesgos para la Prevención y Lucha contra la Corrupción que plantea, entre otros aspectos, identificar las cuentas bancarias de las empresas que se adjudican obras en el Estado.
Prevé abarcar contratos de ejecución de obras del Gobierno nacional, gobiernos municipales y gobiernos autónomos departamentales.
Además, establece la gestión de riesgos a través de la digitalización de la información pública, ya sea por parte de entidades estatales, servidoras y servidores públicos, o por empresas privadas que producto de procesos de licitación reciban recursos económicos del Estado.
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