El Tribunal Departamental de Justicia de La Paz admitió una acción popular presentada contra dirigentes sindicales y sociales por los bloqueos que afectan distintas regiones del país. La medida judicial busca determinar si estas protestas vulneran derechos constitucionales como la libre circulación y el acceso a servicios básicos.
La audiencia fue fijada para el próximo 20 de mayo y se desarrollará de forma virtual, según informaron fuentes oficiales. El tribunal deberá evaluar los argumentos de los demandantes, que señalan que los bloqueos causan perjuicios económicos y sociales, así como la respuesta de los dirigentes, quienes defienden la medida como un mecanismo de presión legítimo.
Este caso se suma a otros procesos similares en el país, donde la justicia busca equilibrar el derecho a la protesta con la garantía de derechos fundamentales. Se espera que la resolución siente un precedente sobre los límites de las movilizaciones sociales.