El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, rechazó este miércoles que haya persecución política en contra de Luis Fernando Camacho y presentó 33 indicios probatorios que respaldan la detención preventiva del excívico cruceño por el caso Golpe de Estado I.
“Se tienen 33 indicios o elementos probatorios en contra del señor Camacho, recabados por el Ministerio Público para emitir las imputaciones correspondientes para su detención preventiva en el penal de Chonchocoro”, dijo la autoridad en conferencia de prensa. Explicó que estos indicios hacen referencia al actuar de Camacho en los hechos violentos de noviembre de 2019, que derivó en la ruptura del orden constitucional y la ascensión irregular de Jeanine Áñez a la presidencia.
Detalló que el caso Golpe I inició el 20 de noviembre de 2020 a denuncia de la exdiputada Lidia Patty, el 7 de diciembre del mismo año el Ministerio Público emitió la denuncia formal contra Camacho.
El 7 de octubre de 2021, la comisión de fiscales pidió tomar las declaraciones de José Luis Camacho Parada (padre), con carácter previo a la declaración de Luis Fernando Camacho.
El 13 de julio de 2022 se emitió nuevamente una orden de citación; sin embargo, nuevamente hizo caso omiso, desafiando a la justicia boliviana, no presentándose a las audiencias citadas.
Ante esa obstaculización y desacato, el Ministerio Público y los representantes de esa instancia se ampararon en el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal y libraron su correspondiente orden de aprehensión en octubre, acción que se ejecutó recién en diciembre. “Incluso antes de haber sido citado por comparendos, él pudo haberse presentado por iniciativa propia, bajo la figura de la presentación espontánea; pero no lo hizo”, acotó Del Castillo.
Camacho fue aprehendido el 28 de diciembre en Santa Cruz y trasladado a la Sede de Gobierno, donde radica el caso Golpe de Estado I.
La Justicia dispuso su detención preventiva por cuatro meses en el penal de Chonchocoro. Ante ese contexto, la autoridad rechazó que haya persecución política en contra del excívico cruceño y que todo el procedimiento ejecutado en su contra se ampara en normas vigentes.