Gobierno encara tres acciones para avanzar en la reforma judicial

Manillas electrónicas para reducir las detenciones preventivas en cárceles y sustituirlas por domiciliarias, reforma del ordenamiento penal y fortalecimiento de la independencia judicial son las tres acciones que encara el Gobierno nacional para avanzar de “forma seria” en la reforma judicial.

El ministro de Justicia, Iván Lima, detalló estas tareas al realizar un repaso a las siete observaciones preliminares que efectuó la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a partir de la visita “in loco” que cumplió en el país, a invitación del Gobierno nacional, entre el 27 y 31 de marzo.

Si bien el organismo destacó avances importantes en temas de inclusión social, recuperación económica, reducción de la pobreza, libertad de prensa, entre otros, también observó la “falta de acceso a la justicia, por dos razones: la primera caracterizada por falencias normativas y debilidades institucionales; y la segunda, por la ausencia de independencia judicial”.

La Comisión hizo notar su preocupación por la tasa de hacinamiento “que es de 217%”, a causa de un empleo excesivo de la prisión preventiva, y porque el 47% de las juezas y jueces de la Jurisdicción Ordinaria del país no son de carrera lo que “compromete a la independencia judicial toda vez que pueden ser libremente removidos en cualquier momento, incluso sin motivación alguna”.

Además, tampoco se encuentran protegidos por la garantía de la inamovilidad y sus salarios son menores, lo que puede facilitar la corrupción, advierte la Comisión.

Al respecto, Lima señaló a Bolivia Tv que, en lo referido al hacinamiento carcelario y la reducción de la detención preventiva, se trabaja en la implementación de las manillas electrónicas que permitirán sustituir la detención preventiva en las cárceles por los domicilios, pero precautelando la seguridad de las presuntas víctimas.

A la par de ello, dijo Lima, se trabaja en la reforma del ordenamiento jurídico penal tras la abrogación del Código Penal, en 2018, que fue rechazado por sectores como el Colegio Médico.

Y en cuanto a fortalecer la independencia judicial, Lima hizo notar que la anterior semana se graduaron los primeros 40 auditores jurídicos de la Escuela Judicial.

Además, anunció que en los primeros días del mes de agosto se graduarán 170 nuevos jueces formados en la Escuela Judicial que garantizan la institucionalización del Órgano Judicial.

“Esto es reforma judicial seria, no solamente pensando en esos 26 altos cargos sino trabajando en la formación”, enfatizó Lima al aludir al proceso de preselección de los candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental, Tribunal Supremo de Justicia y Consejo de la Magistratura en la Asamblea Legislativa.

Al igual que la CIDH, Lima expresó su preocupación porque el 47% de las juezas y jueces de la Jurisdicción Ordinaria del país no son de carrera. Al respecto, explicó que 1.100 jueces están en proceso de evaluación en el marco de la política de diagnóstico de desempeño y sanción a los malos funcionarios.

“Esto es independencia judicial: ingreso garantizado, evaluación del desempeño y mecanismos para lograr que los malos jueces dejen la administración de la justicia”, puntualizó Lima.