Los gobernadores de Bolivia se declararon en estado de alerta este jueves 24 de septiembre, tras una reunión en la Casa de Gobierno cruceña, y otorgaron al Gobierno central un plazo hasta el 31 de octubre para responder a sus demandas, centradas en el fin de la subvención al diésel y la redistribución del 50-50. En una declaración de 10 puntos, las autoridades departamentales exigieron que la coparticipación tributaria del 50% para las gobernaciones se inicie con el Presupuesto General del Estado de 2027, sin afectar los ingresos de universidades públicas ni de gobiernos municipales.
El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, fue el encargado de leer las conclusiones. Los gobernadores también pidieron mecanismos compensatorios por el mayor gasto en diésel, modificaciones presupuestarias y garantía de provisión, además de una norma que libere a las gobernaciones de financiar la emisión de títulos de bachiller. En la firma de la declaración estuvieron presentes los gobernadores de Chuquisaca, Luis Ayllón; de Tarija, María René Soruco; de La Paz, Luis Revilla; de Oruro, Jhonny Vedia; y de Cochabamba, Leonardo Loza.