La Fiscalía de Estados Unidos pidió al juez Rossie Alston Jr., del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, autorizar la presentación de pruebas sobre los sobornos del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en Bolivia, Uruguay, Paraguay y Venezuela. La moción fue presentada por el fiscal Anthony T. Aminoff el miércoles 11 de noviembre, antes del juicio previsto para enero.
Según el escrito fiscal, al que accedió el semanario uruguayo Búsqueda, Marset pagó a funcionarios para obtener información y protección frente a las fuerzas del orden, lo que le habría permitido seguir con sus actividades vinculadas al narcotráfico, el lavado de dinero y el terrorismo. Los fiscales lo señalan como líder del Primer Cártel Uruguayo (PCU) y sostienen que utilizó un modelo de “plata o plomo” para coaccionar a gobiernos.
El documento judicial afirma: “En particular, el gobierno presentará pruebas relacionadas con sobornos en Uruguay, Paraguay, Bolivia y Venezuela; es decir, que el acusado pagó a funcionarios gubernamentales para obtener información y protección frente a las fuerzas del orden”. Y añade: “Estos sobornos le permitieron continuar con sus actividades de narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo sin interferencia de las autoridades”.
En el caso de Bolivia, la Fiscalía estadounidense sostiene que Marset mantenía un sistema de sobornos periódicos a un alto funcionario, que posteriormente distribuía el dinero entre otros integrantes del Gobierno. A cambio, la organización obtenía protección para transportar drogas, información sobre investigaciones policiales y advertencias sobre posibles operativos para capturarlo. Los fiscales incluso aseguran que, cuando las autoridades bolivianas incautaban cargamentos de cocaína, algunos funcionarios corruptos los devolvían a la organización a cambio de pagos adicionales, y que Marset habría conseguido información sobre reuniones de la DEA con funcionarios bolivianos.
Los documentos también revelan que Marset admitió ante agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA) haber ordenado amenazas contra la fiscal uruguaya Mónica Ferrero, a quien consideraba “incorruptible”, y haber organizado un atentado con explosivos contra la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas en 2020 en Uruguay. A la fecha, el uruguayo está acusado de conspiración para traficar cocaína, lavado de dinero y narcoterrorismo.