Un fiscal en Bolivia desvirtuó las pruebas presentadas por un periodista que denunció amenazas de muerte, y ordenó la liberación de dos agresores. El caso, que había generado alarma en el gremio periodístico, fue archivado pese a que existían elementos que vinculaban a los acusados con los hechos.
La decisión judicial ha sido calificada como un duro golpe a la libertad de prensa en el país. Organizaciones de derechos humanos y asociaciones de periodistas han exigido una revisión del fallo, advirtiendo que este tipo de resoluciones fomentan la impunidad y ponen en riesgo la labor informativa.