Una denuncia explosiva sacude el ámbito judicial y militar en Bolivia. El exviceministro Aguilera habría ordenado torturar a militares procesados por los hechos del 26 de junio, según revelaron las propias víctimas. Los afectados, que enfrentan procesos legales, aseguran que sufrieron tormentos físicos y psicológicos bajo instrucciones directas del exfuncionario.
La solicitud de investigación ya fue presentada ante las autoridades competentes, exigiendo que se esclarezcan los hechos y se determinen responsabilidades. Este caso pone en el centro del debate los límites del poder y el respeto a los derechos humanos en el país, mientras la opinión pública espera respuestas contundentes.