La Paz, Bolivia. Tras las denuncias de presuntos cobros irregulares en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por el abastecimiento de diésel, las reacciones políticas no se hicieron esperar. Legisladores de diferentes bancadas calificaron los hechos como actos de corrupción y exigieron una investigación exhaustiva. El vicepresidente Edmand Lara anunció la presentación de una denuncia penal, mientras que el Ministerio de Hidrocarburos confirmó que se abrirá una investigación para esclarecer el caso.
Los señalamientos apuntan a que funcionarios de la estatal petrolera estarían cobrando dos bolivianos adicionales por cada litro de diésel a los surtidores y productores. Según cálculos del Comité pro Santa Cruz, esto representaría una coima diaria de aproximadamente tres millones de dólares. Las autoridades han prometido tomar acciones contundentes contra los responsables.