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El Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021-2025 ‘Reconstruyendo la economía para vivir bien, hacia la industrialización con sustitución de importaciones’ no atenta contra las autonomías de los gobiernos subnacionales ni de las universidades públicas del país. La oposición apuesta por anular el desarrollo regional, la dotación de agua potable y saneamiento básico, entre otros.
El viceministro de Inversión Pública, Marcelo Laura, explicó que el PDES beneficiará a los nueve departamentos con millones de dólares hasta 2025 para la implementación de proyectos en el área productiva, infraestructura, educación, salud, dotación de agua potable y saneamiento básico, entre otros.
Señaló que se trata de una norma por la cual se canaliza la visión política, se materializa la planificación a mediano plazo, como establece el programa de gobierno del presidente Luis Arce a través del Plan Nacional de Desarrollo.
Laura dijo que el proyecto de ley fue socializado desde agosto en los nueve departamentos con la participación de la sociedad civil y todos los actores interesados en las largas jornadas de búsqueda de consenso.
El Viceministro explicó que la norma se sustenta en la Ley 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), del 21 de enero de 2016, que establece los marcos normativos sobre cómo se debe regir la planificación en coordinación con el nivel estatal.
“A partir de la aprobación de la ley, todos nos hemos alineado a lo que es la planificación del Estado. En su artículo cuatro (de la Ley 777) estable que el ámbito de su aplicación es el Órgano Legislativo, el Ejecutivo, el Judicial, el Electoral, el Tribunal Constitucional Plurinacional, las entidades territoriales autónomas, las empresas públicas y las universidades públicas”, precisó.