El Gobierno negó este jueves que se haya enviado algún tipo de armamento o municiones a Perú y sostuvo que esas insinuaciones buscan «generar una cortina de humo» para que no se hable de lo que «realmente está sucediendo» en el país vecino.
«Esto es completamente falso, no hubo ningún envío de armas desde el Estado Plurinacional de Bolivia hacia la República de Perú, esto falta completamente a la verdad», señaló el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo Del Castillo en un acto en la central Cochabamba.
El ministro sostuvo que hay «talento humano dependiente de la Policía Boliviana» que se encuentra en las fronteras con Perú «para evitar que ingresen» «elementos prohibidos dentro del territorio» y que no se ha «vislumbrado» armas que estén «cruzando» hacia el vecino país.
Del Castillo subrayó que lo que están buscando en Perú es «generar una cortina de humo y no hablar de lo que realmente está sucediendo» en el país vecino.
Esta semana la presidenta peruana, Dina Boluarte, manifestó que de «manera extraoficial» conocían que ingresaron «armas letales llamadas dum-dum» por la frontera entre Perú y Bolivia.
Además se señalaba que estas municiones eran llevadas por los «ponchos rojos», un grupo que es próximo al expresidente boliviano Evo Morales.
Por su parte, el vicecanciller boliviano, Freddy Mamani Machaca, indicó que se envió un reclamo por los «canales correspondientes» en el que se niega «categóricamente» que se haya enviado algún tipo de munición al país vecino y que tampoco participaron los «ponchos rojos».
«En el marco de los principios de la carta de las Naciones Unidas no nos metemos en los asuntos internos y obviamente respetamos la soberanía», sostuvo.
Y recordó que varios de los presidentes de la región «han pronunciado su preocupación» en la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que se realizó esta semana en Argentina.
Las manifestaciones de protesta estallaron en Perú tras la asunción constitucional de Dina Boluarte como presidenta del país y reclaman su renuncia al cargo, el cierre del Congreso y la convocatoria a elecciones generales adelantadas, así como una asamblea constituyente.
La presidenta asumió las riendas del país en diciembre pasado, tras un intento de golpe fallido por parte del entonces presidente Pedro Castillo.
Este martes, el Ministerio Público de Perú abrió 11 investigaciones fiscales desde diciembre pasado por 54 muertes ocurridas en las movilizaciones, de los 63 fallecidos que se han registrado según distintas fuentes.
Vía: EFE
