EL CONGRESO DE PERÚ RECONSIDERA EL ADELANTO ELECTORAL PARA FRENAR LAS PROTESTAS
Los parlamentarios debaten si convocar a las urnas en diciembre de 2023, lo que mantendría el Congreso y a la presidenta hasta abril de 2024. El tiempo en el Congreso peruano corre de forma distinta al de la calle. En un imponente hemiciclo de columnas doradas y amarillas, los 130 congresistas han vuelto este martes a sentarse para debatir el adelanto de elecciones en Perú. Es la segunda vez que lo hacen después de rechazarlo el viernes pasado. Fuera de allí, las protestas en el interior del país se mantienen dos semanas después de la caída de Pedro Castillo.
Ya han muerto 26 personas en enfrentamientos con la policía y el ejército. Todas lejos de Lima, la capital que maneja el poder político, empresarial y económico del país. Los manifestantes exigen el cierre del Congreso y nuevos comicios, pero nada de eso sucederá pronto.
El texto que volverán a votar los parlamentarios plantea elecciones en diciembre de 2023, dentro de un año. Sostienen que ese es el menor plazo posible para una preparar una nueva convocatoria electoral. Entre otras razones, más allá de los plazos legales, alegan que necesitan hacer reformas políticas para llegar a unas elecciones con mayores garantías para los ciudadanos. Así lo explica una congresista de la derecha: “Sería demasiado irresponsable cerrar este Congreso para darles las mismas condiciones y que se seleccione uno peor al que estamos finiquitando”. Uno peor que este nuestro, quería decir.
El Congreso peruano es la institución política peor valorada por los ciudadanos. Un mes antes de que Castillo ensayara públicamente un autogolpe de Estado torpe que lo ha llevado a la cárcel acusado de rebelión, el presidente contaba con más apoyo entre la ciudadanía que el parlamento. Muchos se preguntan ahora qué legitimidad tienen estos congresistas para llevar a cabo las reformas electorales que necesita el país para salir de la crisis política.
La inactividad legislativa del Congreso ha marcado el último año y medio desde las pasadas elecciones. El Parlamento se erigió desde el primer día en el primer contrapeso del presidente Castillo y la batalla entre los dos poderes ocupó todo el mandato del maestro rural. Él, que nunca logró un Gobierno estable y fue acumulando denuncias de corrupción, vivía atormentado por las mociones de censura. La tarde que anunció el autogolpe debía enfrentarse a la tercera. Para muchos de sus seguidores, Castillo es solo una víctima de un Congreso corrupto; para otros, el presidente y los parlamentarios son igual de responsables del último fracaso político de Perú. “Están burlándose del pueblo”, dice Lizzy Díaz, que estos días ha salidos a las calles de Lima a protestar para pedir el cierre del Parlamento.
La tensión política ha seguido en aumento. La nueva presidenta, Dina Boluarte, que asumió el cargo con la idea de gobernar hasta 2026, cuando debía terminar el mandato de Castillo, ya llama al suyo “Gobierno de transición”. En medio de las protestas y la violencia, Boluarte decretó un estado de emergencia de 30 días e impuso toque de queda en 15 regiones. Las muertes, sobre todo de jóvenes, han seguido creciendo. La presidenta ha exigido a los congresistas que aprueben el adelanto electoral, pero no está en su mano conseguirlo. “No sean ciegos”, les increpó esta semana.
El pasado viernes, solo 49 congresistas votaron a favor del dictamen para adelantar las elecciones a diciembre de 2023. Si los peruanos van a las urnas ese día, el nuevo Congreso y el presidente asumirían el cargo en abril de 2024, dentro de casi un año y medio. Algunos parlamentarios de izquierdas votaron en contra de esa fecha. “No podemos quedarnos 16 meses más, es insostenible. Vámonos todos ya. Lo antes posible”, dijo la congresista Sigrid Bazán. Pero hasta ahora, el de diciembre de 2023 es el único dictamen a discusión.
El politólogo Fernando Tuesta piensa que los congresistas se han visto obligados a discutir el tema por la presión de la calle, pero lo hacen “entre intereses y una resistencia a no hacer el adelanto”. En Perú no existe la reelección al Congreso -ni a ninguna otra institución- lo que obligaría a irse a los 130 parlamentarios y explica, en parte, su resistencia a cerrar un mandato antes de tiempo. Pero el clamor es demasiado fuerte ya. El 83% de los peruanos piden un adelanto electoral, según la última encuesta del Instituto Peruano de Economía.
Mientras el debate se alarga y se busca una fecha, las protestas y los bloqueos de carreteras se mantienen en varias regiones del sur del país. Las familias han comenzado a enterrar a sus muertos y exigen justicia. Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llega este martes al país para analizar la crisis social y política. En la agenda, está la visita a Ayacucho, donde el pasado jueves murieron nueve personas en la violenta represión del Ejército.
Fuente: El País
