El Departamento de Estado de Estados Unidos acusó al fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, de abusar de su cargo al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a criminales violentos a evadir la justicia. Como consecuencia, le revocó la visa y tomó medidas similares contra otros doce ciudadanos bolivianos, entre ellos el exministro de Justicia, Iván Lima, fiscales, jueces, magistrados y un exdirector de la Felcn. Washington también declaró inelegibles para obtener visas a otros nueve ciudadanos.
Mariaca rechazó las acusaciones y afirmó que no aceptará injerencia externa en el trabajo de la Fiscalía. «Cooperación sí, injerencia no», declaró. El Gobierno boliviano, a través de los ministros de Defensa y de Gobierno, anunció que solicitará información complementaria y pruebas, y que intensificará las investigaciones sobre los señalados. Mientras tanto, la oposición, liderada por Jorge Tuto Quiroga, planteó conformar una comisión legislativa para investigar el caso, y los presidentes de ambas cámaras pidieron que Mariaca se aparte de sus funciones hasta que se esclarezcan los hechos.