La escasez de diésel que afecta a Bolivia es un problema estructural que se gestó desde 2015, con el fin de la bonanza económica, y tardará al menos siete años en solucionarse, según advirtió René Martínez, economista de la Fundación Jubileo. El especialista explicó que la crisis actual es resultado del fracaso de la política de hidrocarburos posterior a la «nacionalización», que no aseguró inversiones para reponer reservas y provocó el agotamiento de campos, sumado a severos desequilibrios macroeconómicos. «Es un problema muy complejo, directamente ligado al fracaso de la política de hidrocarburos. Afecta a la producción y a la gente de a pie», señaló Martínez, quien remarcó que «el diésel o la gasolina más cara es la que no hay», al advertir que sin combustibles se paraliza todo el aparato productivo.
Martínez consideró que esta situación genera que el país siga necesitando financiamiento externo para importar, como el crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI). Respecto al subsidio, explicó que presiona el profundo déficit fiscal, junto a una burocracia estatal sobredimensionada. «Si queremos una crisis menos duradera, tenemos que ir quitando esta subvención cuanto antes», afirmó, aunque reconoció que es una medida dolorosa. Recordó que Jubileo ya advirtió el año pasado sobre la necesidad de realizar ajustes como el recorte del gasto público, eliminar la subvención, revisar empresas públicas y flexibilizar el tipo de cambio. Si bien hay avances parciales, como la flexibilización cambiaria y el retiro parcial de la subvención, consideró que el Presupuesto General del Estado 2026 modificado no refleja el recorte necesario. «Tenemos un aparato público demasiado grande, obeso e improductivo, que es un peso para la economía», sostuvo.