La Defensoría del Pueblo encontró deficiencias en la infraestructura en el 73% de las 45 unidades educativas (U.E.) que visitó el miércoles 1 de febrero con motivo del inicio de las labores escolares en todo el territorio nacional, pues de ese total 33 presentaban problemas, como rajaduras, pintura descascarada, pisos y patios en mal estado, informó el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya
En contrapartida, dijo la autoridad que el 55% de los servidores municipales, que fueron requeridos por las juntas de padres de familia, no atendieron ni respondieron las solicitudes de mejoras en la infraestructura, según indicaron los padres de familia. Los Gobiernos Autónomos Municipales son las autoridades competentes para velar por el estado del equipamiento e infraestructura educativos.
“En 33 unidades educativas de 45 se han encontrado deficiencias en la infraestructura, como ser rajaduras, como en la U.E. El Salvador de Cochabamba, o pintura descascarada en la U.E. Enrique Lindemann B de La Paz”, indicó Callisaya.
“Nos ha llamado profundamente la atención, la situación en la que se encuentra la U.E. Nueva Trinidad de Trinidad, Beni, en donde no pudieron iniciar el año escolar debido a que se encuentran levantando de piso que se habría inundado en su totalidad”, añadió.
Frente a esta situación, el Defensor enfatizó que “en 25 unidades educativas señalaron haber emitido notas a los distintos gobiernos autónomos municipales para que atiendan diversas necesidades de mantenimiento de sus infraestructuras; sin embargo, las mismas no habrían sido respondidas”.
Indicó, por ejemplo, que en la U.E. Román Párraga se señaló que hicieron llegar tres solicitudes escritas al Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Suárez para pedir mejoras en la infraestructura, pero que éstas no habían sido atendidas.
El miércoles 1 de este mes, personal de la Defensoría del Pueblo se desplazó a 45 unidades educativas en 18 regiones del país, nueve capitales y nueve poblaciones intermedias, donde la institución defensorial tiene oficinas, para verificar la situación de la infraestructura, equipamiento, medidas de bioseguridad, cantidad de docentes, servicios básicos y de internet, entre otros aspectos, con la finalidad de velar por el cumplimiento del derecho a la educación con calidad.
El Defensor del Pueblo también dijo que llamó la atención que el 31% de las unidades educativas (14 de 45) tengan problemas de falta de personal. Tal es el caso dela U.E. Rafael Bustillo del municipio de Uncía, donde informaron que se lleva aproximadamente 290 horas de estudio ad honorem en diferentes materias, lo que equivale a la carencia de cuatro ítems, y donde los padres de familia pagan al profesor de computación.
Otro problema que apuntó Callisaya es que la verificación defensorial ha evidenciado que en seis unidades educativas existía carencia de agua potable. En la U.E. Manuel Ascencio Padilla de El Alto, por ejemplo, indicó la autoridad, no se habían instalado los sistemas de agua ni energía eléctrica, o en la U.E. Hormando Ortiz de Trinidad, Beni, donde se compra el agua de cisternas. Además, la U.E. Cristal Mayu de Villa Tunari no cuenta con conexiones eléctricas por lo que varias aulas no cuentan con luz eléctrica.
En general, la verificación defensorial detectó problemas de vidrios rotos en 19 establecimientos educativos, en 22 de ellos se halló que la cantidad de baños no abastecía para la cantidad de estudiantes, en 26 colegios se advirtieron goteras, y que en 24 unidades educativas no había servicio de internet.
Además, se evidenció que en 21 colegios los pupitres y mesas eran demasiado antiguos, que en 25 establecimientos se carecía de materiales como tizas, almohadillas o marcadores de agua, también que en 12 unidades educativas se identificó la falta de computadoras, y que, si bien en 26 colegios tenían estos equipos, los mismos no abastecían para la cantidad de estudiantes.
También, en 34 establecimientos educativos se quejaron que no habían recibido material de bioseguridad.
El Defensor del Pueblo señaló que todos estos hallazgos fueron puestos en conocimiento de las autoridades municipales de cada región con la finalidad de que éstas cumplan con sus funciones de garantizar una infraestructura y un equipamiento adecuados para las labores escolares. Además, indicó que la institución defensorial hará seguimiento al cumplimiento de estas obligaciones municipales.