La Defensoría del Pueblo censura las agresiones y acciones violentas que sufrieron siete trabajadores de la prensa, según denunciaron los medios de comunicación, quienes realizaban ayer la cobertura de las movilizaciones en la ciudad de La Paz.
Además, exige al Estado que ejerza su obligación de investigar de oficio, identificar y sancionar a los responsables de estos hechos que atentan contra la libertad de información.
Asimismo, rechaza todo tipo de amenazas a los trabajadores de la prensa que pongan en riesgo su integridad emocional y física que, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, generarían un efecto amedrentador, de silenciamiento y autocensura de comunicadores y comunicadoras.
La Defensoría del Pueblo reprocha también el actuar de los movilizados que afectaron la integridad de una persona adulta mayor, cuando ejercía su derecho a la protesta en la zona Sur de la urbe paceña.
Finalmente, recuerda que el derecho a la protesta está garantizado por la Constitución Política del Estado, pero el ejercicio de este derecho no debe afectar los derechos de terceros y debe ejercerse con respeto al ser humano.
