Autoritarismo, paramilitarismo y racismo político en Bolivia
Autoritarismo, paramilitarismo y racismo político en Bolivia
Las imágenes difundidas desde el municipio de San Julián, en Santa Cruz, muestran una escena que debería alarmar a cualquier sociedad democrática: autoridades de Gobierno presentes en un operativo de desbloqueo, efectivos policiales y militares desplegados, y grupos civiles de carácter paramilitar participando activamente. A ello se suman denuncias públicas sobre la entrega o facilitación de armas blancas a particulares para intervenir en el conflicto. Desde el pensamiento decolonial, el racismo no es un accidente de la modernidad, sino su lógica organizativa subyacente. Lo que ocurre en San Julián lo confirma: la criminalización de la protesta del humilde convive con la legitimación de organizaciones como la UJC, un brazo civil históricamente vinculado a discursos supremacistas y regionalistas excluyentes.
Los llamados del presidente Rodrigo Paz Pereira a que la «sociedad civil que quiere el futuro» se movilice junto a los uniformados, sumados a la presencia de los ministros Óscar Justiniano y Marcelo Blanco, operan bajo una lógica perversa: la creación de un ciudadano de primera con licencia para violentar, y un subalterno de segunda cuya vida carece de valor político. La participación de civiles armados en operativos de seguridad pública configura una cadena de responsabilidades jurídicas que alcanzan hasta la cúspide del Órgano Ejecutivo. Al no existir un Estado de Excepción declarado, cualquier movilización conjunta que suspenda de facto las garantías ciudadanas es nula de pleno derecho. La Ley 1178 establece responsabilidad ejecutiva cuando las máximas autoridades incumplen sus obligaciones de dirección, supervisión y control. Si existieron órdenes o tolerancia institucional respecto de las actuaciones ilegales de civiles, toda la cadena de mando queda expuesta a investigación.
