Perú sigue sumergido en una profunda crisis política, tras la destitución y encarcelamiento de Pedro Castillo y el estallido de una ola de protestas que le han costado la vida a al menos 26 personas en enfrentamientos con las fuerzas policiales y el Ejército.
Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó al país para analizar la crisis y las demandas de justicia de los familiares de las víctimas, en un país donde fue decretado el «estado de emergencia» nacional y el control del orden público está en manos de las Fuerzas Armadas.
Las manifestaciones que exigen el cierre del Congreso y la salida de la presidenta Dina Boluarte aún se mantienen en distintos puntos del país.
En este clima de inestabilidad, se han estimado grandes pérdidas económicas por el cierre de comercios, el bloqueo de aeropuertos, carreteras y trenes, la suspensión de actividades productivas y los daños a la infraestructura y los servicios públicos.
«Estimamos que las pérdidas por la paralización productiva en el país han llegado a los US$50 o US$60 millones diarios, durante los días más fuertes de las protestas», dice Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE).
Fuente: BBC