La ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner elevó su caso ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para que analice si durante el proceso judicial de la Causa Vialidad se respetaron las garantías del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La causa, cerrada por falta de pruebas y reabierta en 2024, fue instalada mediante maniobras irregulares y pruebas falsas, según la denuncia de la ex mandataria, quien apunta al juez Claudio Bonadío y al fiscal Carlos Stornelli como responsables de una persecución política durante el gobierno de Mauricio Macri.
En una carta abierta publicada en medios internacionales, Fernández de Kirchner sostiene que su inhabilitación perpetua constituye una «proscripción» que afecta sus derechos políticos y los de los ciudadanos que quieran elegirla. La ex presidenta, que gobernó dos períodos, denuncia un ataque contra un proyecto político y la voluntad soberana del pueblo argentino, así como un machismo estructural en el sistema judicial. Advierte que el uso del derecho como arma política busca eliminar adversarios que no pudieron ser derrotados por el voto.