La crisis en Bolivia se agudiza. El Gobierno de Rodrigo Paz consiguió la autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional para ampliar por otros 90 días el estado de excepción, medida que se extenderá hasta diciembre. La decisión, adoptada el 17 de septiembre, prorroga un régimen instaurado en junio tras más de 50 días de movilizaciones y bloqueos que dejaron millonarias pérdidas económicas, afectaciones a derechos y al menos 22 personas fallecidas. Sin embargo, la ampliación no resuelve las causas de la conflictividad. La Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) y sectores afines a Evo Morales ya rechazaron la medida y cuestionaron sus efectos sobre el derecho a la protesta.
En este escenario, analistas, dirigentes sindicales, juristas y defensores de derechos humanos coinciden en que la estabilidad no puede depender indefinidamente de medidas de excepción ni de una eventual salida anticipada del Gobierno. La discusión de fondo pasa por cómo recuperar la capacidad institucional para procesar las demandas económicas y sociales y evitar que estas vuelvan a desembocar en una nueva escalada de conflicto. El constitucionalista José Antonio Rivera sostiene que cambiar el periodo presidencial no resolvería por sí mismo la crisis económica, y el analista político Daniel Moreno advierte que forzar salidas de hecho vulnera el orden democrático. Ambos coinciden en la necesidad de un gran acuerdo nacional que convoque a todos los actores políticos y sociales para superar la crisis.