La redacción del anteproyecto de ley del Código de Minería ha comenzado, según anunció el Gobierno, tras la Cumbre Nacional de Minería que se desarrolló la última semana de julio entre tropiezos y sin la participación de todos los sectores involucrados. El encuentro derivó en reuniones sectoriales, sin plenaria, y expuso profundas fisuras y disidencias. El ministro de Minería, Marco Antonio Calderón de la Barca, sostuvo que la norma debería establecer las bases legales, ambientales y sociales del sector: “Queremos un Código Minero que responda a las necesidades actuales, genere seguridad jurídica y establezca reglas claras para acompañar el desarrollo de la minería boliviana”. Sin embargo, el proyecto enfrenta la oposición de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), pueblos indígenas y defensores ambientales, entre otros, que no participaron en la Cumbre.
El experto en minería Alfredo Zaconeta resume: “Al final, creemos que lo que va a salir será un proyecto de ley resultado solo de un diálogo de actores mineros, sin intención de involucrar a otros sectores que deberían ser considerados en la discusión: el caso de la sociedad civil, el caso de indígenas, el caso de la academia, el caso de la cooperación extranjera, incluso de los municipios”. La minería boliviana, histórica columna vertebral de la economía nacional, vive un momento crucial: crece la demanda internacional de recursos minerales, pero el sector padece por la falta de inversiones, el crecimiento de la minería ilegal ante el boom del oro, el incumplimiento de las normativas ambientales y los conflictos sociales ante el debilitamiento de las entidades estatales. Urge una norma que actualice la Ley de Minería y Metalurgia, vigente desde 2014, a la realidad nacional.