El sector de transporte de combustibles por cisternas anunció un paro nacional desde el lunes 24 de agosto, en reclamo por pagos pendientes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y por la actualización de las tarifas de flete. El dirigente Sergio Kosky denunció el incumplimiento de los acuerdos firmados el 9 de julio, cuando la estatal se comprometió a cancelar las deudas de marzo y abril. Esta medida amenaza con agravar el desabastecimiento de carburantes en el país, especialmente en las regiones más alejadas de los centros de importación.
El conflicto se produce en un momento crítico, cuando el Gobierno intenta normalizar el suministro tras semanas de filas y problemas logísticos. La paralización de los cisterneros, eslabón clave en la distribución final del combustible, podría revertir los avances logrados. YPFB ha buscado alternativas como el transporte ferroviario, pero este no sustituye la capilaridad que ofrecen los camiones. La presión sobre los costos operativos, agravada por el nuevo esquema de precios del diésel para grandes consumidores, ha llevado al sector a una postura radical. La cuenta regresiva está en marcha y el país observa con preocupación un nuevo frente de conflicto en la cadena energética.