En su informe preliminar, la misión de la CIDH prefirió considerar a Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y César Apaza, recluidos en prisión, como “personas que se autoidentificaron como presos políticos”.
Los tres reclusos tuvieron atención especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante su visita al país. El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, dijo que ellos tuvieron entre 40 minutos y una hora de reunión con los comisionados.
En su repaso sobre su estancia en Bolivia, el organismo dedicó un punto específico a esas “personas que se autoidentificaron como presos políticos”. Informó que se entrevistó con ellos y sus requerimientos “han sido puestos a conocimiento del Estado”.
Dicha calificación causó la reacción del expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, quien, en su cuenta de Twitter, dijo que la CIDH fue “condescendiente con la persecución política ejercida por el actual gobierno”.
Al contrario, también en esa red social, Áñez dijo que el informe preliminar del organismo anotó “la constatación de más de 200 presos políticos del régimen del MAS”.
Sentenciada
Proclamada sucesora de Morales en 2019, la exsenadora cumple sentencia de 10 años de prisión por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes por ese caso llamado Golpe de Estado II. Además, es acusado en el caso Golpe de Estado I y otros hechos.
Entonces, Mesa consideró que fue una «sucesión impecable». Áñez se declaró primero titular de la Cámara de Senadores y luego presidenta del Estado en sendos actos en la Asamblea Legislativa, sin quorum ni la presencia de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Camacho guarda detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro desde el 30 de diciembre de 2022, acusado de terrorismo en el caso Golpe de Estado I. Es enjuiciado por su protagonismo en al derrocamiento de Evo Morales en 2019.
Según admitió entonces el ahora gobernador de Santa Cruz, su padre, José Luis Camacho, “cerró” con militares y policías para que no salgan a reprimir las protestas. Entonces, las protestas se habían multiplicado por un presunto fraude en las elecciones de octubre.
Un motín policial y la demanda de renuncia presidencial de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana sellaron la caída de Morales, la tarde del 10 de noviembre.
Camacho
En relación a la aprehensión de Camacho, el 28 de diciembre de 2022, la CIDH no dijo más que “tomó conocimiento” de los hechos posteriores a ese operativo: “Se registraron episodios de fuertes enfrentamientos entre civiles, ataques a la Policía Nacional, quemas de instituciones públicas, incluyendo la destrucción de la sede de la Fiscalía Departamental”.
“Asimismo, se recibió información sobre situaciones de uso excesivo de la fuerza. Se reitera que la protesta social debe ser pacífica y condena todo tipo de violencia”, complementa el informe.
La CIDH tomó nota de los procesos a Áñez, Camacho y Apaza. “Recuerda que, conforme a estándares interamericanos, se deben respetar las garantías del derecho de defensa, del debido proceso y de las condiciones de detención”, dice el informe.
La misión, integrada por 25 personas entre altos comisionados, relatores especiales y secretarios ejecutivos, visitó Bolivia entre el 27 y 31 de marzo, 17 años después del anterior periplo, en 2006.