La aparente desmovilización en las carreteras bolivianas no es el triunfo de la pacificación, sino el silencio que precede a la tormenta definitiva. El gobierno de Rodrigo Paz, tras cincuenta días de paro nacional, solo se sostiene mediante la represión militar y la cooptación de cúpulas sindicales, mientras las bases indígenas ejecutan un repliegue táctico para reorganizar sus fuerzas. La contradicción central del régimen es insalvable: debe cumplir las exigencias del FMI y del capital transnacional para sobrevivir financieramente, pero cualquier paso hacia la privatización o la devaluación detonará una movilización absoluta.
La Constitución Política del Estado, heredada de la Revolución Democrática y Popular, se erige como una barrera jurídica contra el desmantelamiento neoliberal, garantizando la propiedad estatal de recursos estratégicos como el litio. Sin embargo, el verdadero poder de veto reside en las calles: las carreteras bloqueadas y las asambleas territoriales se han institucionalizado como el supra-poder del país. El gobierno está atrapado entre el colapso financiero y el polvorín social, y cualquier intento de imponer medidas de shock será el catalizador del choque final.