Bolivia atraviesa una de las crisis sociales más prolongadas de los últimos años, con más de cuarenta días de protestas ininterrumpidas. Los manifestantes, que exigen soluciones a demandas económicas y políticas, denuncian una creciente criminalización de la protesta social y actos de persecución por parte del gobierno.
Las amenazas de procesamiento judicial contra líderes sociales han generado alarma en organismos internacionales, que piden garantizar el derecho a la manifestación pacífica. Mientras tanto, la polarización política se profundiza y el diálogo parece estancado, en medio de un clima de tensión que preocupa a la comunidad internacional.