El presidente Luis Arce anunció, durante la Sesión de Honor por el 39° aniversario de la ciudad de El Alto, que este año se realizará el juicio oral contra los autores intelectuales y materiales de los hechos de violencia ocurridos en Senkata, tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia.
“Asimismo, se brinda atención a las víctimas de los lamentables hechos ocurridos en Senkata, estando a puertas del juicio oral, donde los autores intelectuales y materiales de las masacres. Este hecho es trascendental, ya que nos permitirá hacer justicia por las vulneraciones contra el pueblo”, dijo Arce durante la Sesión de Honor.
El 19 de noviembre de 2019, una turba de manifestantes afines al expresidente Evo Morales, derribó los muros perimetrales de la planta de combustible de la zona de Senkata.
En octubre de 2023, el Ministerio Público presentó la acusación formal por la masacre en Senkata, y pidió 30 años de cárcel para la expresidenta de facto Jeanine Áñez y otras personas implicadas. El caso se tramita por el delito de genocidio.
De acuerdo con la Fiscalía, en noviembre de 2019, se “consolidó” una estructura de “poder organizado, orientado a ejercer una represión violenta, a sabiendas que generaría la muerte de personas y lesiones en otras”.
Ante la amenaza de una posible toma de dicho predio, delicado y volátil, los militares abrieron fuego contra los civiles, dejando un saldo de 10 personas fallecidas, y varios heridos. El accionar policial – militar estuvo amparado en el decreto supremo 4078 que liberada de responsabilidad penal a los militares que cumplían la misión de “restablecer el orden”.
“(El juicio permitirá) sentar precedente de que no hay impunidad para quienes cometieron graves vulneraciones contra el pueblo, y enlutaron a la familia alteña y boliviana que buscaba retornar a la democracia”, advirtió el jefe de Estado en ese contexto.
Por dicho caso, son investigadas las exautoridades del gobierno transitorio de la expresidenta Jeanine Añez, quien asumió el poder dos días después de la dimisión de Morales a la presidencia.
En ese contexto, la Fiscalía pide 30 años de cárcel en un juicio ordinario; no obstante, la exdignataria pidió en reiteradas oportunidades ser juzgada en un juicio de responsabilidades. Durante casi una hora, el jefe de Estado destacó las cifras de su gestión en la ciudad de El Alto. Entre los datos rescató la asistencia legal ofrecida por el Sepdavi (Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima) a los alteños de escasos recursos, logrando 62 sentencias por distintos delitos. La pasada jornada, la urbe alteña conmemoró su efeméride.
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