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A 20 meses del conflicto postelectoral de 2019, suman 10 exjefes militares procesados por las muertes en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto), de los cuales 8 están con detención (preventiva y domiciliaria) y 2 tienen orden de captura.
Por estos hechos se abrieron cuatro procesos en los que están denunciadas las exautoridades del gobierno, incluida la exmandataria Jeanine Áñez, encarcelada desde hace más de cuatro meses, así como exjefes policiales.
El Gobierno de Luis Arce espera el informe final de la investigación emprendida por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evaluar si se suman a las denuncias.
El primer proceso fue abierto por el abogado Omar Durán en contra del excomandante de las Fuerzas Armadas (FFAA) Williams Kaliman por no haber actuado para que los militares apoyen a la Policía durante los conflictos.
La exdiputada Lidia Patty también interpuso una denuncia conocida como el caso denominado golpe y la tercera es de las víctimas de Senkata y Sacaba.
La última fue una proposición acusatoria de otro grupo de los afectados de Senkata por el conflicto con miras a un juicio de responsabilidades contra Áñez y otras exautoridades.
En Sacaba fallecieron 12 personas y otras 125 resultaron heridas, mientras que en Senkata murieron 10 personas y otras 65 fueron heridas, durante intervenciones combinadas entre la Policía y las Fuerzas Armadas a ambas movilizaciones.
Los hechos cobraron relevancia esta semana tras la aprehensión y encarcelamiento de dos exjefes militares y la búsqueda de Kaliman, quien se encontraba con detención domiciliaria desde septiembre de 2020, sin embargo, no fue habido en su domicilio.
La Fiscalía aún tiene en la mira al ex Inspector General de las FFAA y evalúa citar a otros miembros de la institución castrense que fueron mencionados en las declaraciones de los procesados y exautoridades como el exministro de Defensa, Javier Zavaleta. Son al menos una decena.