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El anteproyecto de Ley 305 de “cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos” busca precisar las figuras penales de terrorismo y ganancias ilícitas, por lo que de ninguna manera afecta el derecho a la protesta o la actividad gremial, como se pretende hacer ver desde el interés político, aseguró el analista Marcelo Arequipa.
“Tiene que ver con una recomendación de carácter internacional, para que se pueda delimitar de una forma precisa el tipo penal de terrorismo y ganancias ilícitas”, explicó en Bolivia Tv sobre la propuesta de ley que está planteada en el Legislativo para su tratamiento.
Arequipa puso énfasis en que la propuesta es un anteproyecto de ley y que es diferente en cuanto a los temas y alcance que abarca frente al presentado en 2021, que fue sacado del debate como consecuencia de protestas con los mismos argumentos que hoy se esgrimen desde la esfera política.
La iniciativa se encuentra en mesa del debate del Legislativo, pero ya generó cuestionamientos desde la oposición política y los gremiales, como ocurrió en 2021, cuando políticos, cívicos, principalmente, cruceños y gremiales se aliaron y encaminaron protestas en contra del Gobierno.
“Es necesario evitar la desinformación, se debe socializar y exponer abiertamente los alcances del anteproyecto de ley para evitar que atente contra la democracia y alarme a sectores como los gremialistas que no serían afectados por la ley”, consideró.
Arequipa aseguró que en el anteproyecto no están contempladas como terrorismo las protestas de la sociedad civil en defensa de sus derechos, por lo que no se está coartando el derecho a la protesta.
“Está definido terrorismo como actos ilícitos que tengan que ver con deponer a gobiernos constitucionalmente electos”, aclaró y explicó que la legitimación de ganancias ilícitas está, fundamentalmente, “pensado para aquellas actividades económicas que tienen que ver con financiamiento a grupos irregulares que buscan romper el orden constitucional”.