El eventual acceso de Bolivia a un financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI), estimado entre 2.500 y 2.800 millones de dólares, representa una oportunidad para aliviar la crisis de liquidez y estabilizar el mercado cambiario. Sin embargo, economistas coinciden en que el desembolso, por sí solo, no resolverá los desequilibrios que arrastra la economía y que el éxito del programa dependerá de la capacidad del Gobierno para profundizar el ajuste fiscal, recuperar la confianza de los mercados y ejecutar reformas estructurales.
El Gobierno confirmó que busca un acuerdo con el FMI para respaldar un programa económico que se extendería hasta 2029. Según el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, el plan ya incorpora medidas como la eliminación gradual de la subvención a los combustibles y la flexibilización del régimen cambiario. No obstante, expertos consideran que la reducción del déficit del 12,2% al 9% del PIB es insuficiente frente a la magnitud de los desequilibrios fiscales y externos que enfrenta el país.