Los propietarios de las viviendas afectadas por las explosiones en el municipio de Viacha denunciaron este jueves 12 de noviembre de 2026 que el gobierno de Rodrigo Paz no viabilizó los Bs 5,5 millones anunciados para el resarcimiento, a más de dos meses del siniestro. Keiko Hernández, una de las afectadas, informó que son más de 300 viviendas dañadas las que necesitan ser reparadas lo más pronto posible.
Hernández declaró a la Agencia de Noticias Fides: «Con hoy, son 69 días de la explosión y hasta ahora no hay la reparación (de las viviendas). Prácticamente, el Gobierno se olvidó (de nosotros) y además existe mucha burocracia (…), y tratándose de un siniestro que ha sido la explosión, debería haberse priorizado y acelerado todos estos trámites para dar el resarcimiento».
Las dos explosiones ocurridas en septiembre en el Regimiento de Artillería Mecanizada RAM-2 Simón Bolívar de Viacha dejaron personas fallecidas, heridas y viviendas afectadas. Una inspección de una comisión de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) concluyó que 15 viviendas, correspondientes a los manzanos 1 y 2, no necesitan demolerse, pero sí ser reforzadas. El gobierno se comprometió a destinar Bs 5,5 millones para la reparación y reconstrucción de las viviendas afectadas, excepto la infraestructura dañada del cuartel.
El concejal Calixto Alanoca lamentó que, después de la última reunión con las autoridades del gobierno, no haya avances para iniciar con los trabajos de reparación. «Nosotros queremos acciones inmediatas. Han pasado más de dos meses del siniestro y no tenemos respuestas (de parte del Gobierno). Prácticamente estamos en la época de lluvias y las casas se están deteriorando, las paredes se están cayendo. Corremos más riesgo. Pedimos, por favor, ser atendidos a nuestros vecinos del municipio de Viacha», argumentó. Añadió que, tras una inspección minuciosa, identificaron que las infraestructuras dañadas son mayores a las señaladas por los expertos y estiman que los Bs 5,5 millones no alcanzarán para la reparación del 100% de las viviendas dañadas. Los afectados pidieron una audiencia a las autoridades del Gobierno para ver dónde está la tranca que impide avances.