Abogados y activistas bolivianos han denunciado públicamente presuntas irregularidades cometidas por la policía y el Ministerio Público durante el manejo de los conflictos sociales recientes. Las acusaciones apuntan a violaciones de derechos humanos y falta de transparencia en las investigaciones fiscales.
Los denunciantes exigen una investigación independiente que esclarezca los hechos y siente un precedente para futuras actuaciones estatales. Hasta el momento, las autoridades no han emitido una respuesta oficial sobre estas graves acusaciones.