Bolivia en el puesto 130 de 143 en Estado de Derecho; justicia penal penúltima

Bolivia ocupa el puesto 130 entre 143 países en el Índice de Estado de Derecho 2026 del World Justice Project (WJP), publicado a finales de octubre, con una calificación de 0,37 sobre 1. En justicia penal, el país es penúltimo del mundo: puesto 142 de 143, con 0,19 puntos. El dato coincide con una crisis en la cúpula judicial que se desató desde el 30 de septiembre, cuando causas por narcotráfico, organización criminal y legitimación de ganancias ilícitas alcanzaron a fiscales, jueces, policías y autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Todo comenzó con la aprehensión de Róger Mariaca y Alberto Zeballos, acusados de proteger las actividades del narcotraficante Sebastián Marset. Luego, el ‘caso maletas’ implicó a Rómer Saucedo, cuando aún presidía el TSJ, además de su entorno. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, denunció una estructura que protegió operaciones del narcotráfico desde la justicia. Mariaca permanece con detención preventiva en Cantumarca, Potosí; Zeballos fue enviado a El Abra; el exfiscal Martín Irusta, a Patacamaya, y el mayor de Policía Rubén Aparicio, a Chonchocoro.
El caso Maletas dejó dos sentencias el 13 de noviembre: Aldo Quezada, expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, y el exfiscal antidroga Julio César Porras aceptaron procedimientos abreviados y fueron condenados, cada uno, a tres años por organización criminal. Sin embargo, sigue sin aclararse quién organizó el traslado de las valijas, qué contenían y dónde terminaron.
La abogada Audalia Zurita afirmó que los supuestos nexos entre justicia y narcotráfico eran ‘un secreto a voces’ y que ‘lo peculiar y lo llamativo es que se ha presentado una guerra de poder’. El abogado Jorge Santistevan sostuvo que ‘el sistema judicial boliviano ha colapsado estructuralmente’ y que ‘se requiere una reingeniería radical y un nuevo pacto constitucional sobre la justicia’. El constitucionalista Marco Baldivieso pidió investigar al Consejo de la Magistratura y revisar la selección de jueces y fiscales, y consideró que ‘esta es la señal definitiva, por lo menos en Bolivia, porque la elección de magistrados no sirve’.


